Dos exagentes de Carabineros de Chile fueron condenados por torturas durante el estallido social

Dos exagentes de Carabineros de Chile fueron condenados a cuatro años de prisión por haber torturado a un joven en octubre de 2019, durante el estado de excepción declarado a raíz del estallido social, informaron medios locales en las últimas horas.

El joven, que entonces tenía 16 años, fue detenido durante el toque de queda acusado de un supuesto robo, indicó el diario La Tercera.

Los dos agentes lo esposaron y le propinaron una paliza con sus bastones durante siete minutos, con el fin de forzar al menor a confesar un delito, de acuerdo al expediente judicial.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) alertó en varias ocasiones de una “falta de avance” del Estado en las medidas recomendadas ante las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Ese día comenzaron las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile, en principio contra la suba del precio del transporte público, pero luego desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, fue objetado en numerosas oportunidades, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones.

El INDH tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Las protestas derivaron en la creación de una Convención Constituyente que a mitad de este mes comenzó oficialmente la discusión de los contenidos para definir la nueva Constitución.

Según las normas de funcionamiento, la Convención tiene hasta 12 meses para escribir una nueva Carta Magna, que deberá ser ratificada en el llamado “plebiscito de salida”, en el que los chilenos votarán si están de acuerdo o no con el nuevo texto.

De aprobarse, se convocará una Sesión Plena del Congreso en la que todos los legisladores jurarán sobre la nueva Constitución, y de rechazarse, se mantendría la actual, escrita durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).