LOS TEMAS DEL DIA: El Resumen de “PERIODISMO A DIARIO” con Hugo E. Grimaldi
La AFIP revalúa propiedades porteñas 500 % y Larreta lo califica de “discriminatorio”
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont se cruzaron fuerte por el revalúo de las propiedades en la CABA, que le elevará a los porteños la presión impositiva en 500% en dicho rubro que es parte del Impuesto a los Bienes Personales.
El primero remitió una carta a la AFIP reclamando que se dé marcha atrás a un dictamen que busca aumentar la presión impositiva a los porteños, mientras que la jefa de la AFIP respondió políticamente criticando “el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri”. Al respecto, afirmó que la Ciudad “utiliza un criterio para el impuesto Inmobiliario”, más cerca de su valor de mercado, que sin embargo “pretende que no se aplique al pago de Bienes Personales, que se coparticipa a todas las provincias”.
El Jefe de Gobierno porteño pidió la revocatoria del cambio de la valuación, al que calificó de “ilegítimo, discriminatorio y que atenta contra la seguridad jurídica” ya que según sus cálculos, la AFIP sumará 220.000 nuevos contribuyentes por el solo hecho de tener un inmueble en la CABA. En tanto, Marcó del Pont justificó su intervención en que la metodología porteña está vigente desde 2012 y dijo la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri dio marcha atrás. “Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la Ley y reparar el desvío…” que coloca “en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales”, argumentó.
En su carta, Larreta sostuvo que el dictamen es “fuertemente discriminatorio”, porque “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi diez veces más que al resto de las jurisdicciones” y calculó que mientras los inmuebles de todas las jurisdicciones en 2021 crecieron 51,4% (IPC), los inmuebles radicados en la CABA incrementarán su valuación en un 505,6%.
El Jefe de Gobierno porteño recordó además “la quita de la Coparticipación y la búsqueda de la suba del transporte público mediante la quita del subsidio”, dos temas que ahondan las diferencias entre el kirchnerismo y PRO.
Al estilo europeo, Boric le planteó a Fernández controlar inmigración venezolana
El presidente chileno Gabriel Boric le pidió ayer al presidente argentino, Alberto Fernández que lo “ayude” a descomprimir la crisis migratoria que sufre ese país por la llegada de refugiados venezolanos, un tema que le preocupa a la ciudadanía en materia laboral y habló de un sistema de cupos al estilo del que se aplica en la Unión Europea. En el documento que firmaron los dos presidentes se aludió al “fortalecimiento de la gobernanza de las migraciones de forma ordenada, segura, regular y responsable, tanto binacional como regional, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes”.
En la conferencia de prensa conjunta que dieron tras su reunión en la Casa Rosada ambos mostraron cierto acercamiento ideológico, aunque Boric reconoció diferencias limítrofes, le volvió a pedir a la Argentina el pedido de extradición del ex-guerrillero Galvarino Apablaza, hoy refugiado en el país, al tiempo que aseguró que los reclamos territoriales mapuches (“Wallmapu”) no constituyen un problema en la relación entre ambas naciones y se molestó por el “doble estándar” que se utiliza para criticar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua y a contramano de actitudes del gobierno argentino sugirió que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha.
Sobre el problema con los mapuches, Boric hizo saber que “ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países” y señaló que no quería “desconocer” que la situación “no es un problema con la Argentina, sino entre el Estado chileno y el pueblo mapuche” que él pretende resolver por “el camino del diálogo”.
Fernández reconoció que Boric está “preocupado” por la extradición de Apablaza, imputado por el asesinato de un senador chileno en pleno gobierno democrático de Patricio Aylwin, en 1991, con pedido de extradición de la Corte Suprema de Chile y a quien Cristina Fernández le concedió asilo en 2010 y actualmente reside en el país.
Sobre la plataforma continental antártica, el presidente chileno consideró que se “va a resolver por los buenos oficios”. El gobierno argentino rechazó el año pasado un Decreto del entonces presidente chileno, Sebastián Piñera, quien amplió la plataforma continental en los mares australes que se superponía con la delimitación territorial argentina, porque “no se condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países”, que cerró el conflicto por el Canal de Beagle en 1984.
Intentan avanzar en Magistratura y blanqueo en el Senado y se suma Ley de Alquileres en Diputados
Mientras finalmente oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo para conformar las 46 comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados (23 serán presididas por el FdeT, 22 por JxC y una por el Interbloque Federal), los legisladores comenzarán hoy a debatir en la Comisión de Legislación General la modificación a la Ley de Alquileres, después de que Juntos por el Cambio le diera al oficialismo 30 días para solucionar el fracaso de la actual Ley, votada en 2019, que prácticamente canceló el mercado de alquileres.
En tanto, en el Senado avanza la posibilidad de que el martes próximo se trate la nueva conformación del Consejo de la Magistratura sin la presencia del presidente de la Corte Suprema, ayer la diputada Graciela Camaño clarificó su postura para cuando el proyecto llegue a Diputados y dijo que “no” votará el proyecto que el kirchnerismo tal como está: “No voy a ser funcional para que salga el proyecto del kirchnerismo porque el presidente de la Corte no puede estar afuera del organismo. Lo que yo digo é es que no ayuda al equilibrio que él también sea el titular del Consejo y que por eso tenga doble voto”, aclaró.
Por último, en el Senado sigue adelante el proyecto que crea un Fondo “especial de emergencia” para pagarle al FMI, a partir del cobro de un porcentaje de los fondos fugados al exterior por evasores, bienes que se calculan en 270 mil millones de dólares Para Juntos por el Cambio el proyecto que impulsa la vicepresidente Cristina Fernández busca “desviar la atención pública de la grave crisis política”.
A su vez, los senadores de JxC consideraron que la iniciativa “es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales”.
La Ciudad pide que les quiten los planes sociales a quienes cortan las calles
Finalmente ayer, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro logró tomar contacto con su par de la Nación, Aníbal Fernández y con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y trascendió que la Ciudad reclama que el gobierno nacional colabore para evitar un nuevo acampe como el que tuvo lugar la semana pasada, que cortó la avenida 9 de Julio y el Metrobús y convirtió en un caos el Centro porteño.
D’Alessandro pidió a la Nación que “haga algo” y recordó que “la Policía de la Ciudad detuvo a quienes apedrearon el despacho de la vicepresidente y el Gobierno le quitó los planes. Ahora esperamos que hagan lo mismo con quienes acampan o cortan el microcentro porteño interrumpiendo la circulación de miles de personas”, añadió.
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En una charla con el diario Clarín, el funcionario porteño explicó que “nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para no volver a tener una situación similar a la del viernes pasado, pero para eso necesitamos que el gobierno nacional ofrezca respuestas concretas que ayuden a evitar las manifestaciones y, además, muestren la misma firmeza que cuando decidieron sacarles los planes a los violentos que atacaron el despacho de la vicepresidenta”, insistió el funcionario.
Derechos Humanos: buscan expulsar a Rusia de Comisión de la ONU que preside la Argentina
Los Estados Unidos propician el apartamiento de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside la Argentina en Ginebra, mientras la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, la chilena Michelle Bachelet, advirtió que existen graves indicios sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania y pidió abrir una investigación.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó que se realice un juicio por los abusos y el asesinato de civiles de parte de Rusia y al tiempo que volvió a llamar “criminal de guerra” al líder ruso, Vladimir Putin, anticipó que los países de la OTAN impondrán nuevas sanciones contra Moscú por su brutal ofensiva. “Me criticaron por decir que Putin era un criminal de guerra. Bueno… ya vieron lo que sucedió en Bucha. Esto lo prueba, es un criminal de guerra”, dijo Biden.
Según las autoridades ucranianas, en Bodoryanka, una ciudad al noroeste de la capital, también abandonada por Rusia, la situación humanitaria aún podría ser peor que en Bucha. Allí, las imágenes de fosas comunes y civiles acribillados, algunos atados de manos en las calles que estuvieron ocupado por las fuerzas de Putin hasta hace unos días, generaron una profunda conmoción y una ola de furia y repudio internacional. Rusia adjudica el despliegue a la “propaganda” del gobierno de Volodomir Zelenski.
Ayer, The New York Times publicó fotos satelitales que revelaban que los cadáveres en las calles de Bucha yacían desde hace varias semanas, cuando todavía estaban allí las tropas rusas. Las atrocidades que quedaron a la vista del mundo amenazaron con descarrilar los tibios avances en las negociaciones en busca de la paz llevadas a cabo en Turquía.
En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que hay “evidencia clara de crímenes de guerra” en Bucha que exigen la imposición de una nueva ronda de represalias contra el Kremlin.
Video con la Edición Compacta de Periodismo a Diario – 05/04/22