LOS TEMAS DEL DIA: El Resumen de “PERIODISMO A DIARIO” con Hugo E. Grimaldi
Las 10 principales: la actualidad en títulos y el desarrollo de las noticias más relevantes del día
- Día histórico: Tribunal dirá si Cristina es inocente o culpable en corrupción por obra pública (ver desarrollo)
- “Promiscuidad antirepublicana”: para visibilizar viaje al sur de jueces, Fernández convalidó un hackeo (ver desarrollo)
- La AFIP y la Embajada redactan letra chica del convenio para descubrir cuentas de argentinos en EEUU (ver desarrollo)
- Todos chamuscados: el Congreso sigue parado y se teme que proyecto de blanqueo se dilate al año próximo
- Tensión en Montevideo: Uruguay ratificó que quiere abrir el Mercosur y Cafiero cruzó al canciller. Viaja Fernández
- Para la UCA, bajó la indigencia debido a planes múltiples, mientras que la pobreza llegaría a 50% sin ayuda social
- Con medio millón de autos fabricados en 11 meses, la industria alcanzó su mejor desempeño en siete años
- Pasó Brasil con lujo y Croacia por penales. Hoy, España y Portugal buscan cuartos de final en Qatar
- Ucrania atacó con drones dos bases aéreas en el interior de Rusia y Putin replicó con lluvia de misiles
- Hoy segunda vuelta en Georgia (EEUU) puede consagrar a demócrata que dará control del Senado a Biden
Día histórico: Tribunal dirá si Cristina es inocente o culpable en corrupción por obra pública
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner y otros 12 acusados esperan para hoy después de las 17 la sentencia que deberá dictar el Tribunal Oral Federal N°2 integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu, en relación a la asignación de obras públicas a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La ex presidenta enfrenta los cargos de Administración fraudulenta y ser la jefa de una Asociación ilícita, por lo que la fiscalía solicitó para ella 12 años de prisión.
Mientras desde el Gobierno, La Cámpora y el kirchnerismo se desalientan marchas de apoyo a la vicepresidenta para darle carácter épico de otro 17 de octubre a cualquier manifestación que surja como “espontánea”, el dirigente social Luis D’Elía convocó a salir a las calles en respaldo: “Cristina es una gran estadista, quizás el mejor cuadro que tiene el campo popular de América latina, pero de cuestiones tácticas que nos deje a nosotros. Alguna cosita hicimos estos años”, señaló.
El expediente de la Obra Pública comenzó en el año 2008 con una denuncia de la Coalición Cívica por cartelización que apuntó em origen al santacruceño Lázaro Báez. La causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita, pero casi no avanzó hasta que Cristina dejó el gobierno, en diciembre de 2015.
Poco después, el designado director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó un informe con decenas de irregularidades detectadas en el organismo respecto de los contratos que le habían otorgado a Báez, un total de 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos. El expediente se aceleró y la instrucción fue cerrada en marzo de 2018 y pasó el Tribunal Oral.
En esa instancia, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a Cristina de haber cometido decenas de irregularidades en supuesta connivencia con su socio comercial Lázaro Báez. En tanto, el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, negó todos los cargos y pidió que la absuelvan de las acusaciones. Para sustentar el fallo, los jueces podrán aceptar las dos acusaciones de los fiscales, sólo una de ellas (probablemente la defraudación al Estado) o ninguna de las dos, con lo que sería declarada “inocente”. El monto de la pena variará de acuerdo a esa apreciación previa y si los jueces no aceptan los dos cargos, la pena sería de 6 años, aproximadamente.
Además de Cristina, los fiscales también pidieron 12 años de cárcel para Báez como organizador de la asociación ilícita, 10 años de prisión para el ex ministro Julio de Vido, el ex secretario José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti. En tanto, solicitaron 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani solicitó la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Sea cual fuera la sentencia en su contra, Cristina tiene fueros como vicepresidenta. Pero además, cuando se den a conocer los fundamentos del veredicto hacia febrero o marzo, la sentencia seguramente será apelada por su abogado y los de los otros acusados y quizás también por los fiscales si la consideran injusta. Esas apelaciones serán tramitadas en la Cámara Federal de Casación Penal, que la analizará y luego de algunas audiencias responderá si la convalida o no. Esa Resolución, a su vez, seguramente será apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la sentencia no estará firme y, por lo tanto, no será ejecutada.
“Promiscuidad antirepublicana”: para visibilizar viaje al sur de jueces, Fernández convalidó un hackeo
Venticuatro horas antes de que se conozca el fallo que involucra a Cristina Kirchner y a pesar de reconocer que la información surgió de un hackeo sobre el cual no solicitó que se haga investigación alguna, el presidente de la Nación, Alberto Fernández usó ayer la cadena nacional, a la que sólo recurrió en circunstancias especiales como la pandemia o el atentado a su vicepresidenta, para visibilizar y pedir que se investigue judicialmente si existió un viaje a la mansión del magnate estadounidense Joe Lewis en el Sur argentino, de jueces federales, fiscales y empresarios, tal como se difundió a través de chats de origen desconocido.
A pesar de reconocer que el origen del caso fue obtenido por medios ilegales y sin saber si los chats han sido editados de alguna forma, el Presidente señaló que había “decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”. Fernández calificó la situación como un “perverso juego de cohechos” y de “promiscuidad antirepublicana”.
En su discurso, el Presidente se refirió al juez federal Julián Ercolini, al juez penal económico Pablo Yadarola, al camarista de Casación Carlos Mahiques, al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; al jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; a los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; al asesor de comunicación Tomás Reinke y al ex funcionario de inteligencia Leonardo Bergroth, supuestos partícipes del viaje.
Antes del mensaje, que el Presidente habría decidido hacer durante el fin de semana, el diputado Leopoldo Moreau, de buenos vínculos con Cristina, lo conminó a utilizar la cadena nacional. Allí, Fernández pidió que se investigue “penalmente” si existió un viaje al Sur con empresarios, “en especial lo relacionado a su financiamiento”. También solicitó a su representante ante el Consejo de la Magistratura para que pida la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.
El Presidente aprovechó para insistir con que se “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”, dos iniciativas oficiales que están paralizadas en el Congreso.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió a respaldar a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. “Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal”, sostuvo el mandatario porteño en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La AFIP y la Embajada redactan letra chica del convenio para descubrir cuentas de argentinos en EEUU
El ministro de Economía, Sergio Massa y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley firmaron ayer el acuerdo de intercambio de información financiera entre ambos países, aunque todo está sujeto a una reglamentación de la AFIP que deberá salir antes del 31 de este mes, luego de que sea redactada en conjunto con autoridades estadounidenses.
Una de las dudas que surgen entre los expertos es sobre si la información sobre cuentas de argentinos en los EE.UU. comprende solo este año, como en la mayoría de los acuerdos de este tipo, o si es retroactiva a 2018, tal como indicó el Gobierno. Otra clave es si se llegará o no, en todos los casos, a los beneficiarios finales.
Según aclaró Massa, la información que llegaría en septiembre próximo iría dos años para atrás, hasta septiembre de 2021 y sería parte de un acuerdo masivo. “Quienes van a estar alcanzados son ciudadanos argentinos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en Estados Unidos y que lo hayan hecho como individuos o siendo parte de sociedades o trusts”, afirmó el ministro en el acto conjunto que encabezó con Stanley en el CCK.
El ministro aseguró que la información que se le transferirá a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas, sino las rentabilidades o utilidades que puedan haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad o por tener alquileres de propiedades.
Trascendió que la administración de Joe Biden pidió un software de seguridad, que ya se adquirió y que se puso en vigencia para mantener la confidencialidad que requiere el convenio. Para el Gobierno, el acuerdo es el más importante que se haya firmado, porque los Estados Unidos es el país en que más cuentas de argentinos habría en el exterior y así se podrían capturar unos U$S 100.000 millones.
Antes de la firma del acuerdo y frente a funcionarios de la AFIP, del Banco Central y empresarios y representantes del sector financiero, Massa adelantó el proyecto de Ley para tratar un nuevo blanqueo de capitales que deberá pasar por el Congreso.
Video con la Edición Compacta de Periodismo a Diario – 06/12/22