El fiscal dijo que hay “prueba relevante” y anticipó que acusará

El fiscal Diego Luciani afirmó que funcionó una “asociación ilícita” encabezada por quienes “se desempeñaron como jefes de Estado”, al comenzar su alegato en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

 

 

El fiscal Diego Luciani sostuvo este lunes que hay una “enorme prueba relevante” para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una “asociación ilícita” encabezada por quienes “se desempeñaron como jefes de Estado”.

El juicio que se sigue a la Vicepresidenta y a otros doce acusados por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, se reanudó pasadas las 8.30 con el inicio del alegato fiscal.

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares” y que tuvo “en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos”, argumentó el fiscal.

Luciani dijo que en el juicio hay una “enorme prueba relevante” en las que basará sus acusaciones y agregó que la irá presentando en sucesivas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2.

Los miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, recibieron ya un reclamo de absolución por falta de pruebas de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos representantes en el juicio sostuvieron que no hay elementos como para avanzar en la acusación y apuntaron sobre inconsistencias en las pericias.

Para Luciani, por el contrario, “Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país”, con “ausencia absoluta” de controles, según planteó.

El fiscal arrancó su alegato con una crítica a la querella de la UIF y evaluó que “no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable”, en alusión a la decisión del organismo de no acusar y pedir absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública.

Además, el fiscal manifestó que Báez era un empleado bancario “monotributista” y fundó la empresa “Austral Construcciones” días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

“Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos”, dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una “cáscara vacía”

“Se creó una empresa vial y se montó una estructura que permitió de manera sistemática actos de corrupción”, con “licitaciones públicas que no fueron reales, fueron ficticias. Detrás de Lázaro Báez existía una estructura estatal corrupta”, agregó.

Austral Construcciones “no fue una verdadera empresa, sino un instrumento”, consideró y remarcó que Báez no tenía “experiencia en construcciones viales” y en pocos años consolidó en Santa Cruz “un conglomerado de empresas”

La “finalidad de la asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros”, dijo.

En el alegato, el fiscal mencionó una declaración del presidente Alberto Fernández, convocado como testigo en el juicio a pedido de la defensa de la Vicepresidenta, con la que intentó demostrar el vínculo entre el acusado Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner.

“El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque”, interpretó sobre esa declaración.

Además, Luciani exhibió planillas de pericias al teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López, secuestrado en junio de 2016 cuando se lo detuvo intentando esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez.

En forma puntual aludió a un mensaje de López pidiendo una reunión a Mendoza en noviembre de 2015 y a otras comunicaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp referidas a presuntas gestiones para reunirse con la entonces Presidenta.

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la Vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

Tras el receso judicial de invierno, se prevé que la fiscalía exponga en principio a lo largo de nueve audiencias y luego será el turno de los abogados defensores.

La solicitud de la UIF

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la UIF había pedido la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron en ese período a empresas del también acusado Báez.

El organismo había considerado “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante, pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.

Comentarios