Se multiplican las investigaciones sobre la conducta de Bolsonaro durante la pandemia

La Procuraduría General de Brasil abrió otras seis investigaciones preliminares, en base al informe final de la comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el Gobierno de la pandemia, que pueden comprometer al presidente Jair Bolsonaro frente al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), informó hoy la prensa local.

Son 10 en total ya las investigaciones abiertas por la Procuraduría presentadas ante la máxima instancia judicial, pesquisas que, además de a Bolsonaro, podrían implicar también a algunos de sus ministros y a varios diputados aliados del Gobierno.

El diario O Globo detalló que las propuestas de acusación están basadas en las pruebas presentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que se encargó en seis meses de trabajo de analizar la gestión de la pandemia de Covid-19 que tuvo el Ejecutivo.

Bolsonaro enfrenta el riesgo de ser acusado por delitos contra la salud, incitación al delito, o uso irregular de fondos públicos, entre otros.

Una de las primeras denuncias derivadas del trabajo de la Comisión –a la que Bolsonaro atacó permanentemente- es por malversación en la compra de la vacuna Covaxin, que investiga la Policía Federal en base a un informe de la jueza del Tribunal Supremo, Rosa Weber, consignó la agencia Europa Press.

Entre los socios del presidente brasileño señalados están los ministros de Defensa, Walter Braga Netto; el de Salud, Marcelo Queiroga, por supuestos delitos sanitarios; y el de Transparencia, Wagner Rosário, por malversación en la compra de vacunas.

Además, sus hijos Flavio, senador, y Eduardo, diputado, están acusados por difusión de noticias falsas relacionadas con el coronavirus.

Las pesquisas por desinformar a través de redes sociales y medios de comunicación también salpican a otros diputados afines a Bolsonaro, como Bia Kicis, Carla Zambelli, o Carlos Jordy; mientras que el jefe de Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros (PP-PR), es objeto de dos investigaciones, una por supuestos delitos administrativos y otra de asociación para delinquir en un caso de compra de vacunas contra el coronavirus a través del Ministerio de Salud.

El informe final de la Comisión, de más de 1.000 páginas, recomendó imputar a Bolsonaro y a otras 67 personas.

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