La Corte ordenó que justicia ordinaria investigue pedido de dinero a beneficiario de plan social

La Corte Suprema dispuso que la justicia ordinaria tramite una denuncia penal por supuesta exigencia de dinero por parte de una dirigente a beneficiarios de un plan social en la provincia de Córdoba, ya que implicaría un conflicto entre “particulares”, sin perjuicio para los intereses del Estado, informaron hoy fuentes judiciales en los Tribunales de esta capital.

Luego de que una persona denunció a una dirigente de la organización Barrios de Pie en Córdoba, se generó una “cuestión de competencia negativa” entre el juzgado federal 1 y el de Control y de Faltas 2 de esa provincia, que la Corte definió a favor del segundo, al ponderar que en el supuesto no se habrían afectado intereses del Estado, sino de particulares.

El fallo, unánime y firmado en forma digital por todos los ministros de la Corte, se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal.

Según constancias de la causa, hubo una “exigencia indebida” de la dirigente social para que entregara “parte del dinero del plan Salario Social Complementario que ellos perciben”.

La denunciante sostuvo que la acusada “aguarda a los beneficiarios en las inmediaciones de las entidades bancarias para el cobro indebido, bajo amenaza de dar de baja el subsidio si no acceden a su requerimiento”.

Agregó que la mujer denunciada “los habría coaccionado para que participen activamente en manifestaciones sociales con la amenaza de que, en caso contrario, no les entregaría la mercadería” que consigue Barrios de Pie.

La jueza provincial declinó su intervención porque, según su criterio, se habrían afectado intereses nacionales, porque la presunta utilización con fines políticos de fondos asignados por el presupuesto nacional “implica el desvío de recursos de un proyecto de interés público”.

Pero en su dictamen Casal recordó que el fuero federal es “de excepción” y que el hecho denunciado “no perjudica directa y efectivamente a la Nación sino, contrariamente, a los intereses particulares de quienes cobraron el subsidio”.

Casal destacó también que de un informe agregado al expediente resulta que “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no ha realizado donaciones ni entregas de alimentos a la organización social, en atención a la vigencia del programa Tarjeta Social ejecutado por la provincia”.

 

 

 

 

 

Fuente: Télam.

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