Imputaron a Javier González Fraga por irregularidades en el endeudamiento de Vicentín

Además fueron implicados Padoan y Nardelli. El juez deberá decidir si hace lugar a las medidas de prueba pedidas por el fiscal.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó una investigación penal contra el exdirector del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Gonzáez Fraga, en la causa donde se investiga si la entidad bancaria autorizó a la cerealera Vicentín a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. El juez al frente de esta causa es Julián Ercolini.

Hace dos semanas, el abogado y presidente de la Fundación por la paz, Fernándo Míguez, denunció al expresidente y a varios de sus exfuncionarios por el delito de defraudación, a raíz de un préstamo que le otorgó el Banco Nación a la empresa Vicentín. La empresa fue la principal aportante para la campaña de Juntos por el Cambio, en las elecciones del año pasado.

Míguez formuló su denuncia basándose en un informe elaborado por Claudio Lozano, el nuevo director del Banco Nación, que analizó la situación económica de la firma y consideró que el proceso de endeudamiento que acumuló Vicentín con el BNA “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

Lozano informó que se le otorgó el préstamo a la empresa a pesar de que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que, según indicó, no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.

También quedaron imputados Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentín. En medio de un ahogo financiero, la firma pidió el concurso preventivo de quiebra hace cuatro días.

Algunas de las medidas de prueba, pedidas por el fiscal para avanzar en la investigación, son: Qué porcentaje de la cartera del banco representa la deuda que tiene la firma Vicentín, qué porción de la deuda que mantiene VICENTIN S.A. con el banco resulta exigible y si la deuda que posee la firma supera los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas.