Basta de cibervigilancia pide la ONG Amnistía

Las revelaciones sobre el programa de espionaje Pegasus muestran “una crisis mundial de los derechos humanos”, según la ONG Amnistía Internacional (AI) que pidió hoy congelar la venta y uso de las tecnologías de vigilancia hasta que se cree un marco reglamentario.

La ONG alertó en un comunicado sobre “los efectos devastadores en los derechos humanos en todo el mundo por un sector de la cibervigilancia poco reglamentada”.

El presidente francés Emmanuel Macron, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el rey Mohamed VI de Marruecos y el primer ministro paquistaní Imran Khan figuran en la lista de posibles blancos del software Pegasus, de la firma israelí NSO.

El sistema explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes y exporta los datos del usuario -correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones- hacia páginas de internet creadas por NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas.

La investigación periodística publicada por 17 medios de todo el mundo detectó 50.000 números seleccionados desde 2016, en una lista que incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios.

Las revelaciones del proyecto Pegasus “muestran claramente los peligros y los perjuicios a los cuales están expuestas las personas tomadas de manera ilegal como objetivo”, declaró Agnès Callamard, secretaria de AI, ONG que ayudó a peritar los números y colaboró en la revelación de la infomación

La compañía israelí NSO, que creó el programa, “es una empresa como otras. Se trata de un sector peligroso que opera desde hace mucho tiempo al límite de la legalidad”, apuntó Amnistía en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP..

“Es absolutamente urgente que se refuercen la reglamentación del sector de la cibervigilancia (…) y el control de ese sector muy opaco”, estimó la ONG.

Amnistía Internacional pide una moratoria que se “instaure de manera inmediata sobre la exportación, la venta, la transferencia y el uso de tecnologías de vigilancia hasta que se aplique un marco reglamentario respetuoso de los derechos humanos”.

La fiscalías de Francia y Hungría anunciaron esta semana las aperturas de investigaciones sobre el presunto espionaje, mientras que algunos de los países señalados en usar este software como Marruecos y Arabia Saudita rechazaron estar implicados.

Israel, por su parte, creó una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones que salpican a la empresa local NSO.

Comentarios