Avanza el debate en comisión del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura
La Cámara baja retomó el tratamiento del tema con una ronda de consultas con expertos, en el plenario de las comisiones. El proyecto propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con la presencia de especialistas el debate sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
La Cámara baja retomó el tratamiento del tema con una ronda de consultas con expertos, invitados a propuesta de todos los bloques parlamentarios, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT).
El debate se había iniciado el martes pasado con las exposiciones de cuatro invitados del ámbito académico y del judicial.
Al abrir la lista de expositores, Pablo Hunger, consultor en Administración Judicial, dijo que “si hay poder hegemónico no se puede hablar de equilibrio” y afirmó que “el Consejo de la Magistratura debe tener una opinión no vinculante sobre los proyectos de reforma de la justicia”.
Por su parte, la exdiputada nacional por el socialismo, María Elena Barbagelata, remarcó: “El proyecto, que viene con media sanción, trata el tema de la paridad” y señaló que “es una positiva propuesta de integración que representa un piso y no un techo”.
Francisco Marull, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Pampa, opinó que “la selección, capacitación, eventual destitución y administración de los jueces de la Nación debe hacerse desde una perspectiva federal, pues si no esa representación no será real, sino simbólica” y dijo que “por lo que entiendo que la media sanción del Senado satisface esa cuestión”.
A su turno, Joaquín Da Rocha, exconsejero de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, dijo que el proyecto enviado por el Senado “satisface los requisitos mínimos que tiene que tener una reforma para ser adecuada y sobre todo para ser útil”.
“Creo que los números están bien en la integración y me adelanto a decir, porque viví cuatro años donde el presidente del Consejo era el de la Corte, que no fue una buena experiencia, ya que si bien facilitó el contacto, se sintió una presencia demasiado fuerte de quien presidía ambos organismos”, completó.
María Losada Figueroa, jueza de primera instancia en Catamarca, destacó “la importancia que en el ámbito del Congreso se analice la conformación de este órgano constitucional”, y añadió que “el Consejo tiene que tener tres ejes fundamentales, como la eficiencia, la transparencia y el contacto con la comunidad, ya que hay que escuchar la necesidad de los jueces y jueces, pero también de la ciudadanía de cada lugar”.
Por su parte, César Grau, vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, señaló que “lo que quiso la Constitución en 1994 fue garantizar la independencia de los jueces” y afirmó que “eso tiene un carácter horizontal porque se le sustrae al Poder Ejecutivo la posibilidad de la discrecionalidad en el nombramiento de los magistrados; y también independencia por no tener ya la Corte la facultad disciplinaria sobre los jueces”.
El académico Daniel Vítolo, consideró que la modificación del Consejo de la Magistratura realizada en 2006, y anulada recientemente por la Corte, “además de haber sido declarada inconstitucional, era una ley débil porque había sido aprobada por el Congreso con estrictas mayorías parlamentarias”.
“La Constitución de 1994 tenía como fundamento bajar la influencia de la política partidaria sobre los jueces; y no se creó -el Consejo- para sacar a la corporación judicial, Justicia que era descreída porque se la consideraba cooptada por la política partidaria”, explicó.
Qué propone el proyecto
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.
El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionadas.
Por esa razón, el Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes, algunos de los cuales ya se incorporaron al organismo, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.