Nuevo escándalo de corrupción en el Vaticano: cinco altos funcionarios fueron suspendidos preventivamente

Analizan  irregulares en compraventas de inmuebles y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al Papa para que sean destinadas a obras de caridad.

El Vaticano investiga una serie de operaciones financieras supuestamente irregulares vinculadas a la compraventa de inmuebles y ha suspendido a cinco empleados de altas instituciones de la Santa Sede. Ayer martes, los gendarmes vaticanos revisaron documentación y ordenadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede por orden del promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzos del pasado verano.

El Vaticano informó de esta operación sin dar mayores detalles y se limitó a señalar que la incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado y en la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Hoy el semanario italiano publica que el objetivo es investigar operaciones financieras millonarias supuestamente irregulares realizadas por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado y la AIF.

Entre estas, apunta, los magistrados analizan compraventas de inmuebles en Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al Papa para que sean destinadas a obras de caridad. Además, prosigue, desde esta mañana han sido suspendidos de empleo de forma cautelar cinco trabajadores del Vaticano. Son Vicenzo Mauriello y Fabricio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de administración, Caterina Sansone; Mauro Carlino, jefe del Departamente de Información y Documentación, y el director de la AIF, Tommaso Di Ruzza.

La Secretaría de Estado, el departamento más poderoso del Vaticano, es el centro neurálgico de su burocracia y diplomacia y el corazón administrativo de la Iglesia Católica mundial. La AIF, encabezada por el abogado suizo Rene Bruelhart, es el controlador financiero, con autoridad sobre todos los departamentos del Vaticano.

La operación surge de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, conocido como el banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la administración vaticana.

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