Ley Micaela: Alberto Fernández y su Gabinete recibieron capacitación sobre violencia de género

La misma estuvo a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; y la socióloga feminista Dora Barrancos.

El presidente Alberto Fernández, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado asistieron este jueves a la capacitación de género establecida en la Ley Micaela. Tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner, alas 11 de la mañana y fue desarrollada por Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, al frente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y Dora Barrancos, socióloga feminista.

“Tuvimos casi asistencia perfecta de todo el Gabinete Nacional. Es un hecho histórico y ejemplar”, mencionó Gómez Alcorta y agregó: “Explicamos las brechas de desigualdad que existen, hicimos mención que en Argentina tiene una normativa de avanzada y falta la implementación”.

La ley se llama “Micaela” por Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por ataques sexuales. La noticia de este crimen generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita.

Dicha ley, promulgada en enero de 2019, obliga a todas las personas que trabajen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía, a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.

El contenido de las capacitaciones lo deben establecer los organismos públicos. Pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes o desarrollar un programa propio. Deben cumplir con la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen las convenciones internacionales sobre el tema.

El actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad debe certificar la calidad de dichas capacitaciones. A su vez, debe publicar en su página web un informe sobre el cumplimiento de las mismas y la lista de altas autoridades del país que participaron. También debe evaluar y difundir el efecto que tuvieron.

La ley es obligatoria para todos los poderes del Estado Nacional. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires están invitadas a adherir a la norma.

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