El traslado de cuatro mujeres a Ezeiza ordenado por la jueza generó críticas, repudios y discusiones

Las condiciones de detención de las siete mujeres encarceladas tras el desalojo ordenado por la justicia en Villa Mascardi generaron cuestionamientos y preocupación en organismos de DDHH, mientras se multiplican las críticas a la jueza que interviene en el conflicto por ordenar el traslado de cuatro de ellas a un penal de Ezeiza, a 1600 kilómetros de su lugar de residencia.

Se trata de las siete mujeres imputadas por la justicia federal en una causa caratulada como “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación”, tras el operativo realizado el martes último por el comando unificado de fuerzas federales, con el despliegue en las inmediaciones de la ruta 40 de unos 250 efectivos.

La jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas -Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera- al penal de Ezeiza con el argumento de que no existe en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.

Esa medida ya fue apelada por las defensas de las detenidas, que alertaron sobre la “falta de perspectiva de género” y la “pena adicional” que implica “llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar”.

Además, los abogados de las detenidas, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, advirtieron que los tratados internacionales “impiden agravar” la situación de las mujeres e instaron a “agotar todas las posibilidades -lo que no se ha hecho en autos- de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado en esta ciudad o resolver su situación procesal”, según difundió el Parlamento Mapuche.

El expediente se abrió -con intervención de la fiscal Cándida Etchepare- a partir de la denuncia de nueve lotes usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos perteneciente a Parques Nacionales y los demás, a particulares.

En relación a la forma en que se llevó adelante el desalojo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la actuación de las fuerzas federales, explicó que el operativo había sido preparado varios días antes, sin uso de “armas letales” y reafirmó: “Es la justicia la que decide, no soy yo”.

Fernández consideró que a su cartera, a partir de ahora, “le toca otro tipo de tareas”, conforme a “lo que vaya indicando la jueza”, y opinó que “las expresiones positivas que ahora se vierten” hacia las personas presuntamente involucradas en las ocupaciones no condicen con “lo que venía sucediendo el último tiempo”.

“Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente. Nos quemaron una casilla de la Gendarmería. Vengo insistiendo en que en la provincia se arme una mesa para que se hable con esta gente, negociando cosas de otro color pero que no sea bajo la presión de agravios, insultos o fuerza bruta”, declaró el ministro.

En cuanto al traslado de las mujeres al penal de Ezeiza, la decisión de la jueza mereció críticas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

Además, desde esa cartera la acusaron por mantener a las detenidas incomunicadas por casi dos días, lo que impidió que pudieran tener abogados en las horas posteriores a la detención.

Este jueves, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo en diálogo con la AM750 que “la incomunicación” dispuesta por la jueza Domínguez obstaculizó el derecho a la defensa para las mujeres apresadas, una garantía que está “en el texto constitucional y en los pactos internacionales”, y además consideró “muy grave” el traslado de cuatro de ellas a “la cárcel de mujeres de Ezeiza”.

Asimismo, recordó que el Estado argentino fue condenado el 25 de noviembre de 2019 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un traslado judicial de unos detenidos en Neuquén a 800 kilómetros de su lugar de residencia.

“Nosotras no somos parte del expediente judicial, no somos parte del proceso. Nuestro rol es resguardar a todas las mujeres y, en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos. Estamos ante un caso de esas características”, expresó Gómez Alcorta.

Incluso, remarcó que lo más grave “es que no se sabe aún hoy qué es lo que se les imputa”.

En tanto, desde el colectivo Justicia Legítima -que agrupa a jueces, fiscales y trabajadores judiciales- exigieron la reapertura de una mesa del diálogo y cuestionaron las detenciones, en particular el traslado de las cuatro detenidas desde Bariloche a Ezeiza, a 1600 kilómetros de donde viven.

En el mismo sentido se pronunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la asociación Actrices Argentinas, al igual que dos espacios sociales y políticos que integran el Frente de Todos, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Frente Patria Grande.

“Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche y repudiamos la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro”, expresó a través de un comunicado el colectivo Justicia Legítima.

También, el abogado y director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Diego Morales, consideró como un “destrato” que cuatro mujeres hayan sido trasladadas a 1.600 kilómetros de su lugar de pertenencia.

Para el referente del CELS, la decisión judicial es una “medida extremadamente violenta” y está vinculada con “su calidad de mujeres y su identidad cultural, (es decir) ser mapuche”.

De igual manera, el Instituto de políticas sobre delitos, seguridad y violencias ‘En Foco’, que dirige Sabina Frederic, alertó: “Vemos con preocupación el accionar judicial que decretó el secreto de sumario impidiendo el derecho a la defensa y, con ello, el acceso a la información sobre el estado de salud de las detenidas”.

A través de un comunicado, el Instituto ‘En Foco’ evaluó que las “tensiones” en la zona de Villa Mascardi “se agravaron” desde el asesinato del joven Rafael Nahuel, quien recibió un “disparo por la espalda” por el Grupo Albatros de la Prefectura en un operativo realizado en 2017, bajo la gestión de la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La violencia como primera alternativa solo provoca escaladas en el conflicto. Hay formas de la mediación que encaminan y apuntan a la solución. Ejemplo de esto fueron las mesas de solución alternativa de conflictos conformadas entre áreas del Gobierno nacional y la comunidad mapuche en 2020”, argumentaron desde el Instituto.

Frederic, en declaraciones a la emisora Radio con Vos, cargó con términos muy duros a la jueza Domínguez, a quien acusó de no tener “ni la más mínima empatía humana, ni de género” y responsabilizó por el “atropello” de ordenar el traslado a Ezeiza a cuatro mujeres residentes en la zona cordillerana de Río Negro.

“Es un atropello que hayan trasladado a las mujeres a Buenos Aires. La jueza no tiene ningún tipo de sensibilidad, tiene que ocuparse de encontrar un lugar para alojarlas”, reprochó, y propuso reabrir “una instancia llamada Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos” que se había creado al inicio de la gestión del Frente de Todos para canalizar la cuestión mapuche a través de la vía de la negociación.

Por otra parte, dos de las siete mujeres arrestadas permanecían alojadas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche porque son mamás de bebés de pocos meses.

En tanto, otra joven de la comunidad indígena, en avanzado estado de embarazo, fue internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

El miércoles, la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) del ministerio de las Mujeres se presentó en el hospital para garantizar que la mujer esté acompañada y pueda acceder a un “parto humanizado” y cuente con la asistencia de su partera, de acuerdo a lo establecido legalmente.

En tanto, el Cels y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros organismos de derechos humanos, reclamaron una Mesa de Diálogo y remarcaron: “Los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (artículo 75 inciso 17 de la Constitución) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados”.